La minería de pequeña escala en Perú constituye un ámbito complejo y diverso que se ha convertido progresivamente en uno de los mayores problemas políticos en el país y, en los últimos años, ha sido englobado de manera generalizada en el campo de las economías ilegales, equiparado al narcotráfico, la trata de personas o la tala. Ello ha dado lugar a campañas mediáticas contra este tipo de minería que buscan la erradicación total de esta actividad, no solo por sus evidentes impactos ambientales y sociales, sino también por el riesgo que significan para el desarrollo de actividades de las grandes empresas extractivas que ven perjudicadas sus operaciones por la creciente presencia de mineros informales, ilegales y criminales1. A ello se suma una preocupación cada vez más extendida por la influencia de estos actores en la toma de decisiones estatales: son usuales las denuncias por el presunto financiamiento proveniente de la minería ilegal para ciertos actores políticos, en un contexto de fuerte deterioro democrático.
Si bien en diversas regiones esta actividad opera con mecanismos similares a los de otras economías ilícitas, es necesario evitar generalizaciones. No todos los mineros cometen delitos ni actúan como organizaciones criminales, y su influencia política no puede explicarse únicamente a través del financiamiento. Esta visión reduccionista invisibiliza la diversidad de actores, trayectorias y condiciones que configuran este tipo de minería y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.
Por otro lado, resulta indudable que buena parte de la responsabilidad se encuentra en el propio Estado peruano, que ha actuado de forma errática e incoherente frente a este problema. Las fallidas reformas de 2012, 2016, 2020 y 2023, que buscaban avanzar en el proceso de formalización, han reducido la escasa credibilidad de los distintos gobiernos y también han puesto en evidencia el frágil compromiso estatal con una formalización coherente, sostenida y justa de un sector que es visto con sospecha por el establishment económico.
En este artículo, reseñamos las distintas facetas de la minería de pequeña escala, mostrando que nos encontramos ante una realidad sumamente heterogénea que se hace más compleja con el paso del tiempo y va ganando espacios de poder político. Asimismo, argumentamos que el Estado peruano ha diseñado e implementado un proceso de formalización que, más allá de haber sido ineficaz y contraproducente para los objetivos de inclusión, sostenibilidad y legalidad, ha generado un statu quo que facilita la continuidad y el crecimiento de las actividades mineras sin control, y acaba creando un escenario propicio para el ingreso de organizaciones criminales. Finalmente, sostenemos que el agravamiento de esta problemática exige establecer una nueva clasificación que permita diseñar respuestas estatales diferenciadas.